La Magistratura constitucional colombina estimó que se hace necesario generar condiciones propicias para facilitar la entrega de ayudas en favor de las personas más necesitadas, por lo que las entidades sin ánimo de lucro no pueden ser gravadas al realizarlas, dado su actividad de utilidad social.

La Magistratura constitucional brasileña, sin embargo, negó una solicitud genérica para otorgar libertad a todas las mujeres privadas de libertad en estas condiciones.

El Ministro Barroso sostuvo que la protección ambiental es un deber constitucional del gobierno federal, y no una opción política.

La Magistratura constitucional colombina adujo que no se puede generar un escenario de desprotección y vulneración de derechos fundamentales para las personas inmersas en un trámite de extradición, toda vez que en materia penal, dicha restricción conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa.

Los estándares respecto a la cantidad de munición permitida para armas de fuego registradas en Brasil pasaron de 200 a 600 por año, a una munición de 550 a 650 mensuales.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El máximo Tribunal de Brasil adujo esto, pues consideró que, específicamente, la medida es incompatible con los principios constitucionales de protección de la infancia y la familia.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, como cualquier derecho fundamental, la libertad de expresión encuentra límites cuando se usa como pretexto para violaciones graves de otros intereses y derechos fundamentales.

La Magistratura constitucional española adujo que la notable magnitud de la pena de prisión impuesta a los demandantes en amparo constituye un factor determinante de la preservación del interés general que conduce a no paralizar cautelarmente en esta sede constitucional su ejecución.

La Magistratura constitucional colombina estimó que medidas están suficientemente sustentadas y motivadas por cuanto tienen una repercusión directa en la capacidad económica de los hogares, lo cual puede impactar en dificultades para pagar los servicios públicos de energía y gas domiciliario.