adolece de defectos de forma y omite antecedentes que debían acompañarse, por lo que el mismo no fue admitido a tramitación

«al fijar tan solo 200 cupos para los funcionarios rezagados, se establece una diferencia arbitraria para el acceso del beneficio por todos los funcionarios que, postulando cumplan con todos los requisitos e incluso mayor de edad, respecto de los funcionarios que cumplirán 60 o 65 años durante la vigencia de la presente ley, los que indefectiblemente quedarán fuera de los beneficios que en ella se establecen».

El TC se pronunciará sobre el fondo de un reclamo formulado por un grupo de Senadores, por cuanto se habría promulgado la Ley N° 20.595 con un título diferente al que constitucionalmente correspondía, incluyendo la expresión “Ingreso Ético Familiar”, que había sido expresamente eliminada por el legislativo.En su resolución, el TC expuso que para el […]

Se dedujo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de un grupo de Senadores, por cuanto habría promulgado la Ley N° 20.595 con un título diferente al que constitucionalmente correspondía, incluyendo la expresión “Ingreso Ético Familiar”, que había sido expresamente eliminada por el legislativo.Señalan los requirentes que a lo largo de la tramitación de […]

De esta manera, lo único a que obliga el artículo 20 de la Carta Fundamental es a entregar necesariamente a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de las acciones constitucionales de protección y de su texto no se deriva el derecho a una segunda instancia previa vista de la causa ante la Corte Suprema.

«…el fallo aborda la evolución constitucional de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos y seguridad social. Respecto a ella –consagrada en el actual art. 65 de la CPR, y a juicio del actual primer Mandatario aquí desconocida por el Senado– se señala que no es sino continuadora de una tendencia histórico-institucional que comienza a configurarse desde la Carta de 1925 y, en especial, a partir del año 1943».

(…)el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley.

«….pese a que el carácter no autoejecutable de alguna de las normas impugnadas resulta inequívoco, le asiste la convicción que la obligación que ellas imponen de desarrollar sus enunciados normativos a través de disposiciones legislativas o administrativas internas, se hace aconsejable igualmente revisar los fundamentos constitucionales de las mismas».

«…el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley».

De aceptarse la tesis contraria, concluye al requerimiento, se establecería un precedente absolutamente reñido con el régimen presidencial contemplado en nuestro ordenamiento constitucional.