La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.

Los requirentes estiman que la disposición impugnada vulnera las garantías constitucionales del derecho a vivir en un medio ambiente libre de Contaminación y la igualdad ante la ley.

La gestión pendiente incide en autos sobre sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La gestión pendiente incide en juicio sobre querella infraccional, seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Pozo Almonte.

El requerimiento incurre en la causal de inadmisibilidad artículo 84, numeral 6 de la LOCTC, esto es, que la impugnación accionada no cuenta con fundamento razonable.

Se concluye solicitando a la Magistratura Constitucional que determine cuál es el texto del proyecto de ley que el Presidente de la República debe promulgar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado de España en el caso del Río Prada c. España.

«estiman que estas normas son vulneratorias de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la interdicción de la discriminación arbitraria, que infringen los derechos a la protección de la salud y al debido proceso, en la medida que se presume una infracción y la culpabilidad, dando un régimen de protección más favorable y ventajoso a los titulares de patentes farmacéuticas, que se traducirá en dificultar el acceso a medicamentos de alto costo».

«estiman que estas normas son discriminatorias en contra de los pueblos originarios, en particular contra los mapuches Lafquenches, atendido que durante la tramitación de este proyecto no se respetó el deber de consulta y de protección de los derechos de estos pueblos, al negar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y garantizar derechos históricos de las empresas pesqueras, y el respeto a la relación de los pueblos originarios con sus tierras o territorios, en contra de lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)»

el tema no puede merecer mayores dudas en nuestro Derecho Constitucional. En efecto, cuando el artículo 32 N°1° de la Constitución Política de la República refiere, como atribución especial del Presidente de la República, la de “[c]oncurrir a la formación de las leyes, sancionarlas y promulgarlas”, diferencia claramente en el proceso de elaboración de esta clase de normas, entre la función de co-legislador – que se expresa en su concurrencia a la “formación de las leyes”, a través de los instrumentos que el ordenamiento constitucional le reconoce, tales como la iniciativa de ley, las urgencias, el veto, etc. -y las funciones de sanción y promulgación. En ambos últimos casos, se trata de un ejercicio de potestad reglamentaria manifiestamente inserto en el entorno de su variable autónoma y fuera del dominio legal.