La Magistratura colombiana concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social al desconocer su condición de prepensionado y terminar el contrato de trabajo, pues al accionante le faltaban menos de tres años para pensionarse.

La Magistratura colombiana indicó que la sentencia agregó que el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución.

El requerimiento incurre en la causal de inadmisibilidad artículo 84, numeral 6 de la LOCTC, esto es, que la impugnación accionada no cuenta con fundamento plausible.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Se confirió traslado al Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.

La Magistratura colombiana ordenó al juez de primera instancia decretar una medida de carácter provisional de manera inmediata, consistente en el pago de las mesadas pensionales compartidas, entre cónyuge y compañera permanente, en porcentajes iguales

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso de hecho.

La Magistratura colombiana consideró que el principio de obediencia debida nunca puede ser entendido como un principio de obediencia ciega.