La Corte Suprema sostuvo que, la revisión de la sentencia dictada por el TC en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental.

La Corte indicó que, el principio de la doble instancia, según la jurisprudencia de esta Corporación, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial debe ser susceptible de ser apelada o consultada.

El fallo declaraba inconstitucionales y nulos determinados disposiciones de resoluciones de dicho Parlamento.

La Magistratura constitucional española sostuvo que no se ha vulnerado su derecho a la libertad personal ni a la tutela judicial efectiva porque las resoluciones impugnadas se fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo ?evitar el riesgo de fuga-.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.

La Magistratura española concluyó que las resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) porque han superado el examen de constitucionalidad basado en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y un riesgo de reiteración delictiva, que daría lugar a perjuicios singularmente graves.

La Magistratura Constitucional española indicó que la pérdida sobrevenida de objeto se debe a que los incisos y apartados impugnados por el Abogado del Estado ya han sido anulados por Autos de esta misma fecha por incumplimiento de la STC259/2015, de 2 de diciembre.

La Magistratura colombiana concluyó que no existían evidencias de que las acciones de tutela respondiesen al interés superior de los niños, y a interrogarse sobre si los niños fueron instrumentalizados por actores económicos para extraer recursos del sistema.

El requerimiento se fundamenta en que el diputado habría incurrido en la causal de cesación, contemplada en el artículo 6 inciso quinto de la Constitución Política de la República, específicamente, el haber incitado a la alteración del orden público.