La Magistratura colombiana llegó a esta conclusión, al exponer que dicho recurso es un instrumento de protección de libertad de los seres humanos, por lo que no se puede interponer en favor de animales.
La Corte de Apelaciones de ValparaÃso rechazó el recurso, por estimar que la función de inteligencia definida en los artÃculos 2 y 22 de la Ley 19974 faculta a los recurridos para llevar a cabo la investigación en contra de los actores.
La Magistratura colombiana adujo que la suspensión provisional de los derechos polÃticos de los funcionarios públicos, es una decisión que no afecta el núcleo de tales derechos, ni implica frente a ellos una interferencia desproporcionada e irrazonable.
El Presidente ha explicado que las demandas de amparo constituyen el porcentaje más importante de la actividad jurisdiccional, al representar el 99% de los asuntos introducidos en el Tribunal.
El objetivo principal del proyecto ingresado es introducir mejoras en la carrera funcionaria de funcionarios de GendarmerÃa de Chile.
El precepto legal cuestionado, al regular el recurso de revisión que debe ser resuelto por los letrados de la Administración de Justicia, establece que contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno.
Esto, pues existÃa identidad de objeto de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho y de las dos acciones de tutela; identidad de causa, ya que todas las acciones se basan en los mismos fundamentos fácticos; e identidad de las partes enfrentadas en los procesos.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de reclamación de expropiación, seguida ante el Juzgado de Letras y GarantÃa de Pucón, actualmente en conocimiento de la Corte de Temuco, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana ordenó a NotarÃa de MedellÃn que corrigiera el registro civil de la menor, de manera tal que el nombre de su madre quedara inscrito correctamente.
La Magistratura colombiana ordenó al Ministerio del Trabajo que, en el término máximo de 10 dÃas, lleve cabo los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica como vÃctima del conflicto.
