El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.

El presidente del TC ibérico ha recalcado la importancia de la justicia constitucional, que ha dado lugar a un estudio sintético, histórico y de derecho comparado, para examinar los contenidos competenciales del Tribunal.

La Magistratura colombiana adujo que esto fue regulado posteriormente por la «Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz» de manera integral en la materia, lo que dio lugar a su derogatoria.

La Magistratura colombiana adujo que el Congreso incurrió en un acto discriminatorio en contra de las personas en situación de discapacidad distinta a la visual, cuando omitió de manera injustificada su inclusión en una regulación legal.

La Magistratura constitucional española adujo que es inadmisible por falta de agotamiento de la vía judicial previa, dada su prematura interposición.

La Magistratura colombiana llegó a esta conclusión, debido a que no se cumplen requisitos mínimos necesarios para perfilar adecuadamente el concepto de violación constitucional.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Planteada la acción de inconstitucionalidad, le corresponderá al Tribunal Pleno decidir sobre su admisión a trámite y posterior admisibilidad, para luego emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

Esto, por cuanto no se configuraba ninguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.

El actor contaba con calidad de subteniente al tiempo de verificarse la sanción de expulsión de la Escuela Institucional, de manera que correspondía iniciar un sumario administrativo para determinar su eventual responsabilidad en la conducta imputada.