De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnología y el trabajo remoto.
La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.
En específico se estudió si tales facultades desconocían el artículo 267 de la Constitución, que define a Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.
Esto, a propósito de caso de un estudiante que bloqueó la sede principal de la universidad como protesta por la gestión de altos directivos, hecho por el cual, no se le permitió acceder al título.
La Magistratura constitucional colombiana concluyó que no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el despido no generó una afectación de su derecho al mínimo vital.
Esto, a propósito del recurso de inconstitucionalidad presentado por 102 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en contra del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
La Magistratura constitucional adujo que esto, no exonera al Estado de su responsabilidad de asegurar a los colombianos, una reparación patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del instrumento internacional.
La Magistratura española adujo que existe una contradicción formal insalvable entre la disposición autonómica impugnada y la normativa básica estatal.
Esto, a propósito de una tutela interpuesta por un centro médico en el que hace más de cuatro años fue abandonado un paciente que sufrió un evento cerebrovascular.
Esto, a propósito de una tutela interpuesta por cónyuges sobrevivientes, pues jueces laborales otorgaron el 100% de la prestación a la compañera permanente del causante.
