La Magistratura constitucional ordenó, con efectos inter comunis, una serie de medidas provisionales con el fin de proteger los derechos fundamentales de dichas personas.
El máximo Tribunal brasileño explicó que los abogados de las partes que quieran realizar alegatos orales, deberán inscribirse por medio de un formulario electrónico que estará disponible en el sitio web del STF hasta 48 horas antes del día de la sesión.
La Magistratura constitucional convocó a las autoridades, a distintas federaciones y agremiaciones, a expertos y a varias universidades, así como a la ciudadanía en general, para que intervengan y se pronuncien sobre la constitucionalidad de este Decreto Legislativo.
El máximo Tribunal brasileño adujo que es una obligación para dicha Magistratura, garantizar la continuidad del derecho al aprendizaje de miles de estudiantes de la red pública.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que si no concurre ninguno de los defectos de constitucionalidad imputados, menos el precepto legal objeto de esta impugnación podría importar un atentado al núcleo esencial de los respectivos derechos o imponer a requirente exigencias que los hagan irrealizables.
El máximo Tribunal brasileño adujo que no se trata de una cuestión ideológica, sino que de una técnica, por lo que tiene el deber constitucional de tutelar los Derechos Fundamentales de la vida, salud y el derecho a la información de todos los ciudadanos.
La Magistratura constitucional solicitó, entre otras, información al Ministerio de Hacienda para determinar si se han realizado adiciones presupuestales al sector penitenciario para atender la emergencia sanitaria en los establecimientos de reclusión del país.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que se vulneraron los derechos a la participación en las decisiones internas con impacto en el medio ambiente en su faceta subjetiva.
La Magistratura constitucional colombiana sostuvo que, a pesar de que la Constitución protege la diversidad étnica y cultural, se necesita incrementar esfuerzos para evitar que grupos étnicos sigan siendo blanco de graves afectaciones y amenazas.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que, el no pago de estas obligaciones por parte de personas con capacidad económica para hacerlo, implica un abuso del derecho y el correlativo desconocimiento de sus deberes.
