El máximo Tribunal brasileño adujo que no está justificado invocar la primacía del Estado Federal sobre los estados, con fines de expropiación con carácter de confiscación.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social del accionante.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, en la medida en que la propia reforma establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que se constató probatoriamente que, efectivamente en las decisiones de la Corte Suprema, se omitió el hecho de que la compañera permanente, convivió entre 1 de abril de 1992 y el 1 de enero de 1995.
Según el abogado que interpuso la denuncia, el presidente exhibiría «síntomas de desequilibrio psiquiátrico», y su comportamiento sugeriría, «de manera robusta», la comisión del delito de propagación de enfermedades contagiosas.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.
El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.
El máximo Tribunal brasileño adujo que no es admisible que una decisión judicial, por buena que sea la intención de dictarla, sustituya el criterio de conveniencia y oportunidad que rigen los actos de la administración pública.
Esto, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 en el territorio colombiano y, al incremento del contagio en dicho Establecimiento Penitenciario.
La Magistratura Constitucional española concluyó que la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas Asambleas autonómicas que las aprobaron, y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente.
