El máximo Tribunal de Brasil adujo que, aunque existe el riesgo de que delincuentes usen mensajes cifrados para cubrir sus acciones, el riesgo causado por el uso de la herramienta aún no justifica la imposición de soluciones que implican un acceso excepcional o que reducen la protección garantizada por un cifrado fuerte.

La acción deducida por la a Confederación Nacional de Instituciones Educativas (Confenen) aduce qu la regulación de precios en el sector privado traería como consecuencia el posible aumento del desempleo entre los profesionales de la educación.

El municipio afectado alega que la limitación temporal de la entrada de la población flotante en la ciudad, se justifica debido al gran flujo de personas que van desde São Paulo, epicentro de la pandemia en el país.

El máximo Tribunal argentino adujo que, en consecuencia, corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 7 conocer en la causa que originó esta contienda.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la eventual publicidad que se lograría con el reporte previsto en la norma demandada se cumple también y, más adecuadamente, con el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

La acción fue presentada por la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica» (Abradee) bajo el argumento de que la competencia para legislar sobre energía eléctrica pertenece al Estado Federal, que también es responsable de planificar y promover la defensa permanente contra las calamidades públicas.

El máximo Tribunal brasileño manifestó que hubo una invasión de la competencia privada del Estado Federal para legislar sobre legislación laboral.

El máximo Tribunal brasileño sostuvo que las restricciones establecidas no cumplen con el principio constitucional de proporcionalidad.

El máximo Tribunal brasileño adujo que, el agente público que actúa en la oscuridad, lo hace con el riesgo de asumir resultados severos.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Corte Suprema incurrió en una violación directa de la Constitución, por desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a la norma que incorporó en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad.