«El Juzgado de Policía Local se declaró incompetente argumentando que los hechos denunciados debían ser investigados por el Ministerio Público y trabó la contienda de competencia remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva».

Admite que en este caso existe una contienda de competencia de aquellas que le corresponde dirimir, desde el momento que un tribunal inferior de justicia (TF) y una autoridad administrativa (MP) mantienen discrepancia acerca de cuál de ellos debe ejercer sus funciones frente a la existencia de hechos que pueden importar la comisión de delitos.

El MP, mientras se tramitaba la contienda de competencia comunicó que “luego de un mejor estudio de los antecedentes ha decidido proseguir con la investigación del delito de amenazas… de manera tal que no existe ya contienda de competencia que deba ser dirimida”.

El MP sostuvo, apoyado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.066, que el precepto legal invocado por el Tribunal de Familia no ordena ni señala que la remisión de los antecedentes al MP deba ser inmediata, pues deben ser ellos evaluados por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la de juicio, imponiendo así una exigencia adicional de ponderación de los hechos que configuran el delito de maltrato habitual para darle el sustento o peso suficiente que el tipo penal exige por su propia naturaleza.