Se estimó que no se ha configurado ninguna causal de reserva que justifique denegar la información requerida.
El titular de Transparencia, explicó qué sondeos realizados por el CPLT arrojan un bajo nivel de cuidado de parte de los chilenos de sus datos personales que se levantan en ambientes digitales, no sólo a través de compras electrónicas sino también a través del uso de aplicaciones o redes sociales.
A juicio del titular del Consejo, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona vía sistema de reconocimiento facial -que fue acusada por estafa-, esto «cuestiona al sistema» al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.
La Corte de Santiago consideró que la entrega masiva de nombres de dominio a un particular podía generar riesgos de ciberseguridad de diversa índole.
La propuesta implica «dar un salto cualitativo» en materia de integridad, transparencia y probidad mediante cambios regulatorios.
El presidente del Consejo se manifestó preocupado por la necesidad de modernizar la normativa en este ámbito, con una ley que actualmente data de 1999, de manera de «evitar que nuestros datos se transformen en un botín político y se utilicen con precisión militar en contra nuestra».
El CPLT señaló no ser competente para conocer de los amparos contra denegaciones de información interpuestos en contra del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero.
El CPLT señaló que los hechos denunciados no configuran una infracción a la Ley de Transparencia.
Los datos solicitados no fueron recolectados de una fuente accesible al público.
De acuerdo al presidente del Consejo, Marcelo Drago, casos como éste permiten «demostrar que hubo abuso de los datos personales de una mujer» y subrayan la necesidad que el país tiene de contar con un marco regulatorio adecuado para proteger a la ciudadanía ante vulneraciones como ésta, lo que no ocurre con la normativa actual.
