El fallo del Tribunal de alzada aludió, entre otras regulaciones, a lo establecido en la Constitución?art. 8 incisos 1 y 2-, en lo relativo al cumplimiento del principio de probidad funcionaria y de publicidad del actuar de los órganos del Estado.

Se solicitó información sobre los detenidos -sexo y edad- y la detención -causal, organismo que la realizó y lugar en la que se efectuó-, entre otros antecedentes.

La requirente solicitó el detalle de las detenciones.

El recurrido se habría negado a entregar la información basado en una limitante del sistema informático.

En el caso de viviendas fiscales, proceso que sólo contempló a las tres ramas de las FFAA, se pudo acceder a antecedentes que permitieron estimar los cánones de arriendo, que van desde poco más de 9 mil pesos, a los que podrían optar los funcionarios de algunas de estas entidades, y se constató que ex miembros del Ejército y la FACH gozan de esta alternativa contraviniendo reglamentos que rigen a estas instituciones.

El requirente solicitó la entrega de copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales.

Requirente había solicitado información sobre algunas empresas.

El órgano se había negado señalando que se trataba de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución.

Información que se encuentra expresamente consignada como un caso de transparencia activa en las letras d) y e) del artículo 7 de la Ley de Transparencia, obligación que rige para todos los órganos de la Administración del Estado, pues se trata de una información que no está cubierta por el secreto tributario.

El requirente había solicitado la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados de funcionarios del Servicio.