La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

Informando el recurso, los jueces recurridos solicitaron su rechazo por no haber falta o abuso que autorice esta vía y expresan que hicieron suyos los razonamientos del Consejo para la Transparencia, en cuanto el interesado dio a su reclamación el carácter de una apelación que no tiene, al hacerse cargo de la falta de legitimación activa del reclamante, quien asume una representación respecto de terceros que no tiene, al haber omitido el procedimiento establecido, concluyendo que no hubo ilegalidad.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad, al constatar que “el secreto tributario está establecido en beneficio de los contribuyentes, y en el presente caso, quien recurre de ilegalidad no reviste esa calidad”.

“que en la especie el CNCA se ha constituido en un supuesto agente oficioso de una presunta vulneración de derechos de una titular, que ha demostrado su disposición a entregar la documentación pedida y que su ex empleador pretende resguardar contra su voluntad”, y a la vez actúa “en defensa de terceros indeterminados a los cuales esos correos iban dirigidos o que éstos remitieran, lo que resulta del todo improcedente”, por tanto, “al existir una carencia de legitimación activa para interponer el presente reclamo el mismo deberá ser rechazado”.

“en La Fundación de la Familia, reclamante de autos, existe una concurrencia mayoritaria de órganos públicos en su creación. Sus órganos de decisión, administración y control se componen por autoridades o funcionarios públicos o personas que han sido designadas por estos, la que ejecuta una función cuya naturaleza, objeto y propósito, son públicos. Recibe financiamiento a través del Servicio Nacional de la Mujer, asignándosele una partida en la Ley de Presupuesto. Finalmente, constituye un órgano creado para coadyuvar con el gobierno en la concreción de políticas sociales, lo que se advierte al revisar su sitio web”.

que la Fundación Integra es “una corporación de derecho privado instrumental, creada por el ente público en 1979 para coadyuvar en el cumplimiento de una función pública”, por lo que es parte del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

«la Municipalidad requerida tenía la obligación de derivar a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, por ser el órgano competente para conocer de la solicitud.»

el derecho de acceso a la información no se restringe a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, también se extiende a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento..”, así también lo ha razonado de manera similar la CA, en la que ha confirmado la decisión dictada por el CPLT, relativo a la entrega de correos electrónicos.

“dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares”