Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia mostró datos que explicarían parte del descontento ciudadano que derivó en el estallido social a partir de una negativa relación con el Estado y de una percepción de ser víctima de maltrato y discriminación por parte de éste.

Tras el informe emitido por la instancia de la Cámara alta, la iniciativa deberá ser vista ahora por la Comisión de Hacienda, esperando que en los primeros meses del año pase a sala.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió un paquete de recomendaciones a más de 360 instituciones del Estado con foco en contratos de publicidad y avisaje para elevar estándares de transparencia y evitar que se concentren en algunos medios.

El llamado del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, es a usar las herramientas de las que se dispone para exigir la rendición de cuentas de las autoridades en un contexto en el que la transparencia puede ayudar a reducir la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y autoridades.

Con esto la iniciativa, en primer trámite constitucional, también denominada «Transparencia 2.0» quedó despachada a la espera de su votación en la sala de la Cámara Baja.

El Consejo para la Transparencia indica que sistemas que levantan datos biométricos con fines de investigación hacen pagar a justos por pecadores al recoger y tratar datos de personas que transitan por espacios públicos y no se vincularán con acciones delictuales o de violencia.

El Consejo para la Transparencia preparó documento con recomendaciones orientadas a prevenir prácticas de corrupción que han colaborado con la percepción de injusticia a nivel país. Lo mismo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público y Chile Transparente.

El Consejo considera clave realizar un análisis que permita evidenciar falencias y corregirlas, de manera de reducir brechas de seguridad en extremo sensibles para la institución, en particular en un contexto como el actual, comentó el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada.

El Consejo para la Transparencia remitió documento con recomendaciones a la policía uniformada para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley de Transparencia en el caso de registros públicos generados con recursos del Estado, que incluyen imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles.

Ello permitió establecer que en un 70% de los casos se dio cumplimiento al libre acceso, denegándose su conocimiento en un tercio de las unidades ante una primera solicitud.