La Corte de Antofagasta indicó que, la Defensora Regional ejerció expresamente sus facultades ante el incumplimiento de la recurrente.

El secreto tributario consagra la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros.

El presidente del CPLT subrayó que así se evita que situaciones tan lamentables «como el ataque a una vivienda en Vallenar con personas enfermas sean parte de una indeseable cotidianeidad».

De esta manera se busca, indicó el titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, cerrar brechas de seguridad para proteger información personal y sensible, como es el estado de salud, de la ciudadanía que está entregando gran cantidad de datos no sólo para ser diagnosticado, también para trámites en línea como solicitar un permiso en territorios en cuarentena o teletrabajar.

El documento del Consejo reconoce que parte de las sugerencias ya fueron implementadas por la autoridad sanitaria, como ocurre en el caso del reporte diario en horario predeterminado con las principales estadísticas asociadas a la enfermedad.

El oficio del CPLT insta a que el informe contenga detalles de gastos, insumos, número de test, funcionarios médicos y de salud destinados a enfrentar la pandemia.

El presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada, afirmó que «dado el carácter de dato sensible, no se puede dar a conocer el nombre de una persona enferma o eventual contagiado, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de dicha persona».

Sobre la ciudadanía, con el objeto de reducir la amplificación de noticias cuyas fuentes no oficiales o desactualizadas, se sugiere no compartir contenidos cuyos orígenes no son comprobables.

El proyecto que perfecciona la Ley de Transparencia, a más de 11 años de su promulgación, también conocido como «Transparencia 2.0» fue aprobado en su mayoría y despachado por la sala de la Cámara de Diputados.

Al ser consultado sobre los viáticos para viajes al extranjero en el Parlamento, el titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, precisó que las cifras son reguladas por decreto pero subrayó que existe la necesidad de «entregar la fiscalización o supervigilancia de este tipo de cuestiones a un órgano autónomo».