Autoridad universitaria, quien acudió al máximo Tribunal para revertir un fallo previo de la Corte de Apelaciones, fue sancionada por no proporcionar información a un grupo de académicos desvinculados de la institución.

La U. de Magallanes, la U. de Playa Ancha y la U. de Los Lagos son las instituciones con mejor puntaje en la fiscalización realizada por el CPLT. En tanto, las casas de estudio peor evaluadas fueron la U. de Talca, la U. de Antofagasta y la recién creada U. de O’Higgins.

El CPLT expone en síntesis que la recurrente no acompañó documento alguno a su reclamación.

El Consejo explica que si lo que se busca es sólo es registrar el nombre de quién hizo la compra, entonces este dato no puede ser exigido como condición previa a ésta.

Se concluye manifestando que, en la especie, no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

Trece compañías nacionales alcanzaron un 100% de cumplimiento, mientras que tres disminuyeron sus puntajes.

Fallo ratifica multa cursada a la autoridad universitaria, quien deberá pagar el 20% de su remuneración mensual, por no proporcionar información a docentes que habían solicitado antecedentes sobre su desvinculación.

Se dedujo amparo de acceso a la información contra la SubTel, fundado en haberse dado una respuesta «incompleta, inconsistente, imprecisa, errática, desprolija, inconexa, parcial, insuficiente, incongruente y por tanto poco confiable».

El CPLT aduce que, en relación a lo solicitado, no resulta plausible la alegación de inexistencia aducida por el órgano reclamado.

Cabe recordar que el ciudadano que solicitó estos datos a Carabineros y que no le fueron entregados, acudió al Consejo y presentó un amparo, ya que se le estaba negando su derecho de acceso a la información.