Presidente del Consejo para la Transparencia señaló que las recomendaciones de la institución que dirige cumplen hacerse cargo de temas que producen desconfianza en la gente.
La entidad trasladó su jornada de trabajo a La Serena dando una señal de descentralización y participación. Es el primer encuentro de este tipo en la zona norte y el segundo fuera de la capital.
Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, anunció trabajo conjunto con la red de entidades dependientes de la Presidencia, encabezada por la Primera Dama, Cecilia Morel.
Las entidades públicas que hoy cuenta con los protocolos sobre acoso sexual según el análisis del CPLT son la Universidad de Talca, de ValparaÃso, Universidad de Chile, de La Frontera, Tecnológica Metropolitana, de O`Higgins y Universidad de Santiago.
Para el titular del Consejo el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho debe complementarse para superar las brechas en este ámbito.
El Presidente del CPLT, Marcelo Drago, hizo un llamado a que los padres presten mayor atención en el uso de estas plataformas por parte de sus hijos, tras breve estudio de polÃticas de privacidad del Consejo.
Ante el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requerÃa una legislación con una responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.
Marcelo Drago repasó las recomendaciones entregadas a Carabineros que van desde fortalecer la transparencia en diversas materias, hasta cumplir con obligaciones sobre austeridad del uso de los recursos públicos, auditorÃas y controles externos, entre otros.
Falta del marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de principios, estatutos y reglamentos internos.
El noveno Estudio Nacional de Transparencia reveló que siete de cada diez chilenos, y un 93% de quienes viven en la región de Los Lagos, cree que los organismos públicos son «muy corruptos»
