Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a «cambiar de inmediato» protocolos que permiten a Carabineros destruir bitácoras de vuelo a los seis meses y plazos de un año en el caso de documentos que «después pueden ser importantes».

Presidente de la entidad aseguró que debe haber un sistema de monitoreo y respaldo suficiente «para que información tan delicada no sea factible de ser destruida con tanta facilidad».

Presidente del Consejo para la Transparencia, señaló que el fallo del Poder Judicial ratifica una resolución del Consejo y subrayó que la información «debe ser pública, porque merece público escrutinio el funcionamiento de la AFP en detalle».

La entidad sostuvo que el derecho sobre los datos personales fue recientemente reconocido por la Constitución, pero que la Ley de Datos Personales aún no se actualiza -data de 1999- y no tiene herramientas suficientes para hacer cumplir con las disposiciones de la normativa.

El presidente del Consejo afirma que medidas como éstas «pueden generar un uso descontrolado de estas tecnologías, puesto que con el fin de evitar acciones delictuales podríamos terminar justificando que graben a cualquier persona y con cualquier excusa, vulnerando su intimidad».

Los canales digitales de denuncia fueron propuestos por el Consejo para la Transparencia en el mes de mayo a la Comisión respectiva y forman parte de las medidas destacadas en el Acuerdo por la Seguridad Pública, paquete de proyectos firmado ayer en La Moneda.

El titular del Consejo para la Transparencia subrayó también la necesidad de revisar la legislación referida a normas de secreto.

Del total de las municipalidades que informaron haber implementado estas medidas de prevención y planificación de emergencias, un 43% no lo ha actualizado en los últimos tres años.

Consejo para la Transparencia destacó que se trata de un avance su modernización, ya que permitirá dar un «salto a la modernidad» al elevar los estándares en materia de seguridad y sanciones.

Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, subrayó que desde la institución se valora toda iniciativa que contribuya a erradicar prácticas inaceptables en el ámbito público y entre privados.