La Corte de Santiago indicó que, el recurrente padece de una enfermedad de carácter psiquiátrico que le impide realizar funciones correspondientes a la institución de la que forma parte.
La Corte de Copiapó indicó que, que no existe medida alguna que la Corte deba arbitrar para reestablecer el imperio del derecho.
La Corte de Santiago indicó que, descartó toda ilegalidad en el actuar de las recurridas.
La Corte de Santiago, declaró inadmisible el recurso de protección.
El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Carlos Aránguiz, quien fue de parecer de confirmar la sentencia en alzada de acuerdo a sus propios fundamentos.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada de acuerdo a sus propios fundamentos.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.
La Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso.
