El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al continuar los cobros transacciones fraudulentas que fueron oportunamente denunciadas por clienta.
La gestión pendiente incide en proceso Contencioso-Administrativo, seguido ante la Corte de Rancagua.
Yerra la Corte de Concepción al concluir que en este caso no procede la condena al pago de la indemnización por lucro cesante y por daño moral.
Recurrente no contaba con un derecho adquirido e indubitado.
No puede observarse que la recurrida haya actuado en contravención a la normativa alegada.
Esto, a propósito de consulta efectuada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
El objetivo principal es reforzar este principio con una norma de carácter constitucional.
No procede acoger el recurso en cuanto exige retracto y disculpas públicas.
El segundo Estado habría vulnerado los derechos de los nacionales del denunciante en relación al derecho de propiedad.
Con el objeto de promover la transparencia.
