Estima que las normas del plan de descontaminación están contenidas en un Decreto y no en una Ley, que sería la única fuente habilitada para limitar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que dicho plan afecta.

El nuevo ordenamiento se dictó, entre otros fines, con el propósito de resguardar la igualdad de oportunidades en la competencia política; garantizar la transparencia de la contienda electoral; y aumentar la capacidad de control del Estado y la ciudadanía sobre los procesos electorales.