La vocera de la corte regional de Hamburgo, Ruth Huetteroth, expuso que la Magistratura decidió denegar la solicitud de extradición aludida, ordenando la liberación de Verhoeven, hasta entonces detenida, por lo que se desconoce en la actualidad su paradero.

El análisis adujo que, “al priorizar el sistema penal sobre el de salud, los Estados han abdicado su responsabilidad frente a los usuarios que requieren tratamiento, dejando que sea el sector privado el principal proveedor de los servicios de rehabilitación y tratamiento”.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Chevesich y Brito, quienes estuvieron por considerar que no debía acogerse el recurso de casación en contra de la decisión del Segundo Tribunal Ambiental al determinar que había actuado fundadamente al determinar las resoluciones que anularon las resoluciones respectivas.

El Tribunal Ambiental de Santiago acogió la reclamación interpuesta por la Compañía Minera Maricunga contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), dejando sin efecto el procedimiento sancionatorio que la entidad fiscalizadora llevó a cabo.

El Servicio Electoral publicó los resultados de las elecciones presidenciales desde 1988 a 2013, desplegando la información a nivel país, regiones y circunscripciones.

La Presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique y Ministra en visita para causas de Derechos Humanos, Mónica Olivares, dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado de Isaías Higuera Zúñiga.

Recientemente Chile estableció su postura ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, a propósito de las 185 recomendaciones recibidas de 84 países a principios de año.

Al efecto, cabe recordar que la tramitación legislativa normal que se sigue en los casos de aprobación de una ley comienza con la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Coca-Cola adujo ante la Corte Suprema que la etiqueta de jugo se ajustaba al reglamento de la Agencia Federal de Alimentos y Drogas (FDA, en sus siglas en inglés)

El parlamentario señala que sería necesario que “el Estado delimite cuántas son las hectáreas que aún debe a las comunidades mapuche por títulos de merced entregados hace menos de 100 años y quienes serían los beneficiados”.