No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados.
Crea la figura del comercializador, contraparte comercial del usuario final, generando competencia.
Esto, por tratarse de ser un órgano creado por el Estado para ejercer funciones y potestades públicas y, asimismo, por el hecho de estar financiado con presupuesto público.
Controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento o modificación de la relación contractual que liga a las partes con el establecimiento educacional es una materia de lato conocimiento.
Cancelación de la inscripción reclamada supondría sustraer esos bienes del patrimonio de un tercero sin oírlo.
La impugnación se funda sólo en una distinta valoración o apreciación de la prueba.
Asegura que habrá mayor transparencia del financiamiento, de la rendición de cuentas a la ciudadanía, y también, del órgano de control que es el Servicio Electoral. Asimismo, una cancha pareja para las distintas opciones que se están promoviendo, es decir, que el dinero no va a ser lo más importante, para ganar una elección o el plebiscito.
La instancia recibió a autoridades de las carteras de la Mujer y del Deporte, y a representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y de Blanco y Negro.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la administradora al rechazar el retiro de fondos que, de acuerdo a la legislación vigente, tienen como único fin el pago de jubilaciones, hecho que, además, fue corroborado por la reciente ley que aprobó el retiro del 10% de dichos ahorros por la emergencia sanitaria.
La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el Reglamento de la Cámara Alta definen los plazos y procedimientos que se deben seguir.
