Se dedujo recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile, respecto de un interno que habría sido objeto de golpes y malos tratos de parte de funcionarios de dicha repartición.

“al basarse en situaciones que objetivamente carecen de una gravedad y trascendencia compatible con lo disruptivo y gravoso de la expulsión del país, así como por desatender completamente la ponderación de otros antecedentes que resultan relevantes en este tipo de situaciones”.

implica que la presente acción no es el medio idóneo para atacar una sentencia, en cuya imposición no se demostró arbitrariedad o ilegalidad alguna

Se dedujo acción de amparo constitucional en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio de Registro Civil e Identificación, por parte de una ciudadano chileno residente en España, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el acto consistente en la denegación de pasaporte, hecho ocurrido en el Consulado de Chile en Madrid; todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

Se dedujo una acción de amparo constitucional en contra de Gendarmería de Chile por parte de dos personas internadas en un centro de cumplimiento penitenciario del Bío-Bío, por haber sido objeto de graves agresiones físicas por parte de los funcionarios de Gendarmería del establecimiento, lo cual afecta su libertad y seguridad individual.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de amparo, para lo cual consideró que “si bien es cierto existe un hecho que pudiere merecer reproche administrativo por parte de la autoridad penitenciaria, no es menos cierto que en la especie no existen fundamentos suficientes a fin de relacionar a los amparados con la conducta que se sanciona y/o castiga por el señor Alcaide”.

«resulta procedente la aplicación de medidas cautelares que tienden a dar protección a la víctima, a la sociedad o a resguardar los fines del procedimiento; necesidades de cautela que persisten no obstante paralizado el avance de la causa, por lo que no, habiéndose citado antecedente alguno que altere los presupuestos que se tuvo a la vista al imponer la medida de prisión preventiva, no se atisba motivo que pueda llevar a dejarla sin efecto.»

“que la investigación que la resolución atacada cita como antecedente fundante, se originó en el auto denuncia que el amparado formuló respecto de su situación migratoria” y que el amparado “no registra antecedentes policiales, encargos judiciales pendientes ni anotaciones negativas tanto en el Departamento de Asesoría Técnica como ante la Oficina Central Nacional Interpol, de manera que quedó sujeto a control de firma periódica mensual en la unidad policial de su comparecencia”.

la resolución impugnada “carece de todo sustrato jurídico que le sirva de sustento, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que mandata el deber de fundamentación de toda providencia emanada de la magistratura”.

“no se ha hecho referencia alguna a la circunstancia de que -con anterioridad- se hubiese requerido la comparecencia del amparado y que éste no asistiera a dicha citación, lo que haría suponer una actitud refractaria frente a las órdenes impartidas por el Tribunal o, en su caso, que el mismo órgano jurisdiccional intentara obtener directamente del organismo encargado la información que ahora con tanto ahínco persigue”