El recurrente estimó vulnerado el derecho a la libertad personal de sus representados, toda vez que el mencionado juzgado citó a audiencia a los amparados para recibir prueba anticipada por parte del Ministerio Público.
La Corte Suprema confirmó, en alzada, la sentencia recurrida, pero eliminó el considerando cuarto mencionado.
El Tribunal de alzada concluyó que no existieron acciones ilegales o arbitrarias que importaran una perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de la amparada, en particular a su libertad personal y seguridad individual.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción deducida por estimar que el amparado no aportó antecedente alguno en relación a los hechos en que fundó su recurso.
El actor consideró que tal proceder resultaba arbitrario e ilegal, por cuanto ya no ostentan la representación legal de las empresas y se burla el estatuto del control de la detención del Código Procesal Pena.
En fallos unánimes, la Corte Suprema acogió tres nuevos recursos de amparos presentados por internos de distintos recintos penales del país.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acogió parcialmente y por unanimidad amparo deducido por la Defensoría Penal Pública, en favor de tres internas del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, a quienes se les aplicaban medicamentos sin prescripción médica.
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo deducido por el INDH, en atención a los maltratos sufridos por un menor recluido en el Centro de Internación Provisoria de San Bernardo.
En su sentencia, la Corte Suprema acogió el recurso de hecho, concediendo el recurso de apelación intentado.
Se dedujo acción de amparo constitucional en contra del Juzgado de Garantía de Concepción.
