La vigencia de la orden de arraigo que pesaba contra el amparado obedeció únicamente al error en que incurrió el Primer Juzgado de Familia de San Miguel.
El amparado no mantenía los niveles conductuales necesarios para ser postulado a la Libertad Condicional ni al Permiso de Salida Dominical.
La sentencia del máximo Tribunal sostuvo, en síntesis, que el amparado no reúne la exigencia de comportamiento intachable a que alude el artículo N° 2 del Decreto Ley 321.
No consta de ninguna forma que los hechos hubiesen ocurrido como los ha relatado el recurrente, expone el fallo.
Se reconoció el derecho a la libertad condicional impetrado, debiendo seguirse a su respecto el procedimiento establecido en la ley y en el reglamento.
La Corte revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró que se acoge el recurso interpuesto en favor del amparado.
Se desconoció como abono de la pena que cumple el tiempo que permaneció bajo medidas cautelares personas, impidiéndole acceder a beneficios intrapenitenciarios.
Se le reconoció al amparado el derecho a la libertad condicional impetrado, debiendo seguirse a su respecto el procedimiento establecido en la ley y en el reglamento.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Cisternas y el abogado integrante Figueroa, quienes fueron del parecer de confirmar la resolución apelada.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Matus, quien estuvo por confirmar la sentencia recurrida.
