No es controvertido que la pena de presidio que podría eventualmente imponerse por el delito que dio lugar a la orden de aprehensión, fue declarada prescrita.
El máximo Tribunal señaló que el artículo 12 de la ley N° 17.322, no ha determinado expresamente la posibilidad de decretar el apremio de arresto contra persona distinta del empleador.
El máximo Tribunal señaló que las resoluciones del Tribunal Oral en lo Penal no expresan los motivos para justificar la causal invocada para mantener la prisión preventiva.
Resulta inaceptable que un individuo cuya imputabilidad penal se discute deba esperar seis meses, estando privado de libertad, para la realización del informe pericial médico.
El máximo Tribunal señala, en su sentencia, que los apremios han sido decretados sin sujeción a los procedimientos que la ley establece.
La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Cisternas y Dahm, quienes estuvieron por confirmar la resolución recurrida con el mérito de sus propios fundamentos.
Se hace necesario que se adopten las medidas pertinentes que garanticen la seguridad individual del amparado que se ha visto amagada por la actuación del Tribunal requerido.
El máximo Tribunal estimó que las decisiones discrecionales de la Administración deben seguir estándares de razonabilidad.
Se dejó sin efecto la resolución dictada por la Fiscalía Militar de San Fernando que sometió a proceso al amparado por el delito de usurpación de funciones.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Blanco y Chevesich, quienes estuvieron por confirmar la resolución apelada en atención a sus propios fundamentos.
