La sentencia señala que la legislación vigente no resuelve la situación planteada, por lo que decidió recurriendo a principios generales del derecho y al sentido general de la legislación.

La recurrente no habría tenido conocimiento del proceso seguido en su contra.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Dolmestch y Künsemüller.

Se estimó que los antecedentes no dan cuenta de hechos que correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada.

El máximo Tribunal estimó que no se efectuó una solicitud formal, en los términos de la Ley sobre Protección de Refugiados.

La Corte Suprema señaló que la autoridad migratoria se limitó a actuar dentro de sus facultades y que por lo tanto el decreto de expulsión de los recurrentes se ajusta a derecho.

Se ocasiona un daño no sólo a nivel personal sino a nivel familiar atendido el tiempo de residencia en nuestro país y el contar con familia constituida.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Dahm.

Corte de Chillán estimó que no existe una privación ilegal de libertad que sea recurrible conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

De este modo, el máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Santiago.