Se estimó que se trató de una medida impuesta en una situación legalmente procedente, en una causa penal en la que se dictó sentencia condenatoria a la fecha no cumplida.

La juez recurrida debió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Procesal Penal.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Valderrama y Dahm quienes fueron del parecer de confirmar el fallo en alzada.

Se estimó que el amparado no cumple con requisitos para acceder a dicho beneficio.

No se vislumbra que exista un impedimento legal, así como tampoco de conveniencia nacional, a fin de resguardar la seguridad nacional y la efectiva protección de la población.

La sentencia confirmada señala que no resultaba razonable someter a las afectadas al registro del que fueron objeto y en la forma en que ello aconteció.

El recurrido se negó a imputar dicho tiempo de privación de libertad a la condena que actualmente purga el amparado.

Sin embargo, el máximo Tribunal revocó la sentencia solo en aquella parte que dispuso remitir copia de los antecedentes al Ministerio Público.

El máximo Tribunal señaló que no resulta demostrada la necesidad de la cautelar decretada, razón por la cual se ve afectada la libertad personal del recurrente.

La pérdida de oportunidad para el cumplimiento del Decreto y su falta de proporcionalidad, fueron determinantes para que se acogiera el amparo.