El máximo Tribunal indicó que la acción penal hecha valer y su expulsión del país mediante la Resolución N° 274 de 28 de febrero de 2019, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal.

El máximo Tribunal indicó que el proceder adoptado respecto al amparado fue ilegal.

La decisión fue acordada con los votos en contra del Ministro Valderrama y del Abogado Integrante Abuauad, quienes fueron del parecer de confirmar la resolución apelada.

La Corte de Temuco arguyó que el actuar de la PDI fue acorde a sus facultades legales.

En su oportunidad, la Corte de Rancagua indicó que el recurrido accedió a la petición de la defensa y unificó las tres condenas que pesaban sobre el amparado.

El amparado estimó vulnerada su libertad individual.

El amparado estimó vulnerada su libertad individual.

El máximo Tribunal estimó que aparece de toda evidencia que la internación provisoria mantenida, lo ha sido en contradicción con las normas que lo hacen procedente, razón por la cual el recurso interpuesto habrá de ser acogido.

El máximo Tribunal concluyó que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad.

La materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.