El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
Pese a la decisión, el máximo Tribunal ordenó al municipio decretar el pago del dinero adeudado.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, no se verificó la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.
El recurrido consideró insuficiente la justificación del amparado.
Los amparados señalan que eran víctimas de persecusión política en su país.
La Corte consideró que la resolución se encuentra acorde a la ley.
La Corte señala que la decisión se adoptó por la autoridad facultada para ello y en un caso previsto por la ley.
El amparo solicitaba la prohíbición de bombas lacrimógenas, perdigones de goma y el uso de gas pimienta, ordenando a Carabineros cumplir con los protocolos de actuación.
Los amparados habrían huído de un control de identidad.
El recurrente señaló que existen problemas con la competencia del tribunal.
