Actos Administrativos

Por estimar que la información requerida contribuye al control social.

CPLT acogió amparo de acceso a la información en contra la Municipalidad de Vitacura.

«la privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas, y considerando la decisión adoptada en otros reclamos relacionados a este, concluye que la información requerida tiene el carácter de pública, por lo que su divulgación favorece el control social respecto de materias asociadas estrechamente al desempeño funcionario».

27 de diciembre de 2012
“SIAPER”.

Contraloría fija normas sobre Registro Electrónico de Decretos y Resoluciones Exentas.

El día de ayer, 31 servicios públicos cuentan con un sistema de registro electrónico de sus actos exentos en materia de personal, mediante el “SIAPER” -Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado- de la Contraloría General de la República.  El objeto del referido registro es sustituir la actual tramitación en […]

17 de agosto de 2011
Tercera sala.

CS rechazó acción de protección contra el Ministerio de Salud por su negativa a conceder beneficios arancelarios para la importación de un vehículo a discapacitada.

«El Ministro Carreño y el abogado integrante Patricio Figueroa fueron del parece de acoger el recurso, basados en que al momento de admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de la recurrente ante la autoridad administrativa, la normativa entonces vigente sí incluía la situación de la actora y no se encontraba totalmente agotado el procedimiento administrativo».

27 de julio de 2011
TC declaró inadmisible inaplicabilidad interpuesta en contra de Decreto Supremo.

Reiterando el criterio de que la acción solo puede dirigirse en contra de preceptos legales determinados, no fue acogida a tramitación la impugnación del D.S. Nº 867, de 2008, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 20.000.

La Magistratura reitera que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial se impugne por estimarse contrario a la Constitución.

1 de julio de 2008
Páginade 36
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