Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de una funcionaria del Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río- con el objeto que se determinara la procedencia de la negativa del director del referido centro de investigar una supuesta situación de acoso laboral, pese a que la comisión de trato laboral del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) la declaró admisible.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del Alcalde subrogante de la Municipalidad de Renca- con el objeto de que se determinara si el decreto N° 105, de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que modifica decretos N°s. 97, de 1984, y 170 de 1985, de esa Secretaría de Estado.

Se remitió nuevamente a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón –por parte del Gobierno Regional Metropolitano- la resolución del Gobierno Regional citado que acepta la renuncia voluntaria al empleo de una de sus funcionarias, solicitando asimismo, la reconsideración del dictamen N° 74.837, de 2013, que ordenó dejar sin efecto dicho acto administrativo.

Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario del Instituto Nacional de Deportes Chile- en contra de la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración mensual que le fuera impuesta al término del respectivo proceso disciplinario, cuya aplicación, en opinión de ese servicio, se ajustaría a derecho.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de Carabineros de Chile- exonerar de responsabilidad civil, conforme al artículo 62 de la Ley N° 10.336, a dos funcionarios de la institución, con motivo de los daños ocasionados a un furgón fiscal, y los deterioros que afectaron al bastón retráctil de uno de ellos.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre la impugnación de un concurso público convocado para proveer la plaza de jefe de Departamento, grado 5 de la E.U.S., para desempeñarse como Jefe de Departamento de Ejecución Territorial, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya que, a su juicio, durante su desarrollo se habrían producido irregularidades que afectarían su Validez.

Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- contra el Servicio de Impuestos Internos, fundado en la entrega parcial de la información solicitada al órgano en cuestión, consistente en los datos que el SII procesa o dispone en sus bases de datos, y que transfiere en cualquier forma a empresas privadas.

El CPLT precisó que, durante el examen de admisibilidad del reclamo interpuesto, se logró desprender que el solicitante no señaló los hechos que configurarían la infracción denunciada.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Consejo de Defensa del Estado- informar acerca de la demanda de nulidad de derecho público interpuesta en su contra por la Municipalidad de la Calera.

la autoridad recurrida, sin haber dado cumplimiento a lo ordenado, a pesar de que “ha tenido un holgado plazo para adoptar las medidas destinadas a corregir las deficiencias que se han observado”, todo lo cual resulta en evidente peligro para la comunidad que habita en el edificio donde se ubica el establecimiento.