La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
La Corte de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.
Recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 17, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en síntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 21 y 24 de la Constitución.
La autoridad recurrida, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
La Corte Suprema señaló que la autoridad recurrida actuó explicitando sus motivos y con pleno apego a la normativa legal.
La sentencia revocatoria fue acordada con los votos en contra del Ministro Carlos Aránguiz y del Abogado Integrante Antonio Barra.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Julio Pallavicini, quienes fueron de parecer de revocar el fallo en alzada y, en su lugar, rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente para ello sus propios razonamientos.
