La Corte Suprema señaló que, al otorgar el beneficio de que se trata únicamente por el año académico 2019 el Ministerio de Educación incurrió en un acto que debe ser tildado de ilegal y arbitrario.

Corte de Rancagua descartó ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

El Tribunal de Alzada señaló que, el petitorio es propio de una acción ordinaria civil.

La Corte de Santiago indicó que, la medida fue dictada por la autoridad facultada, dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera fundamentada y en cumplimiento de una norma que autorizó que un funcionario sea llamado a retiro temporal mientras se instruyó el sumario administrativo respectivo.

La Corte de Santiago indicó que, el acto impugnado, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, sólo obedeció a las facultades propias de la institución recurrida.

La Corte de Santiago indicó que, en la presentación efectuada en autos, no apareció que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Corte de Puerto Montt indicó que las actuaciones de la entidad fiscalizadora regional se encuentran ajustadas a sus facultades.

Corte de Antofagasta señaló que actuación del magistrado se ajustó a las facultades que le confiere la Ley del Tránsito.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 21.

La Corte de Santiago indicó que, la decisión de no iniciar una investigación penal, corresponde a una facultad del Ministerio Público, contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal.