Columnistas

Juan Pablo Díaz

Doctor en Derecho y Máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, Magíster en Docencia Universitaria y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Chile. Investigador, Fondecyt Postdoctoral N° 3200477, titulado “Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): Evaluación de sus 10 años de protección y promoción de los derechos humanos en los tribunales de justicia en Chile”. Profesor de Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Chile. Becado por el Tribunal Constitucional de España para cursar estudios en doctrina constitucional en las dependencias de dicho tribunal, becado para realizar Máster y, además, curso para jóvenes líderes iberoamericanos por Fundación Carolina de España, y, becado para realizar estancia postdoctoral en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.


Publicaciones destacadas, SCOPUS (2019-20):

La otra cara de la moneda: protección constitucional de la empresa, el emprendimiento y la libre competencia en Chile y Colombia.

¿Son parte del bloque de constitucionalidad los principales tratados internacionales de derechos humanos de la ONU en Chile? Del texto positivo a la aplicación en tribunales de justicia.

Un aporte a la protección de los derechos humanos en Latinoamérica: la actividad del Ombudsman Criollo en tribunales de justicia.


La importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer y su aplicación por los Tribunales de Justicia en Chile.

La aplicación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos a través de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes por los Tribunales de Justicia ha sido un cambio de paradigma. Ello ha quedado demostrado con la consideración de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará, logrando modificar criterios de interpretación de la normativa de rango legal, y, consecuencia de ello, revocar una sentencia.

30 de julio de 2020


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