La regla general está dada por el artículo 1698 del Código Civil, el cual dispone que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas, es decir, quien asevera algo debe probarlo.

Un claro ejemplo de los problemas interpretativos en la calificación de servicios mínimos tiene lugar en los establecimientos educacionales particulares. No hay certeza si los colegios pueden recibir o no a los estudiantes en periodo de huelga, en su deber de custodia de los menores.