Pero, ¿había que modificar la OGUC? Pienso que no era necesario, pues la regla general se encontraba contenida en una ley especial, la 19.880 sobre procedimientos administrativos.

Si quienes deben elaborar nuestras leyes no son todo lo sabios que deben ser y quienes los asesoran tampoco lo son, no podemos esperar nada bueno de este proyecto que se suma a los más de 30 que han tenido ese propósito: cambiar un sistema que funciona y a muy bajo costo para la ciudadanía.

Las modificaciones planteadas en el proyecto se han limitado a extender los plazos, pretendiendo, con algo de ingenuidad, que esa simple extensión de los plazos pueda generar una suerte de certeza que el DL en ningún caso entrega.

La modificación del sistema se basa en dos pilares muy débiles. Primero, y parafraseando a Marco Antonio Sepúlveda, mete en el mismo saco a notarios, conservadores y archiveros judiciales, lo cual constituye un error de enfoque de toda reforma: abarcar más de lo que ingenuamente se puede.