Fueron publicados dos tipos de propuestas de normas constitucionales referidas a dos materias que siempre están en la parrilla y que se refieren a la judicatura y a notarios y conservadores. Ambas iniciativas si bien cuentan con alguna fundamentación, ésta es expuesta desde el ego y la autocomplacencia. Se trata, parafraseando a Beccaria de ruidos estomacales en virtud de los cuales es posible solucionar desde la mirada particular de unos cuantos convencionales que han tenido contacto con una u otra actividad. Los unos habrán perdido pleitos en los cuales tenían interés; otros habrán sido mal atendidos por los ministros de fe pública.

Por de pronto, los adultos mayores son hoy autovalentes y por lo tanto no tiene cabida en la casuística de incapacidades legales regulada en el artículo 1447 del Código Civil chileno; ni como incapaces absolutos, ni como incapaces relativos, ni como especiales. Entonces, atendamos primero a saber qué se entiende por lucidez, para luego preguntarnos si es posible al notario exigir un documento que acredite tal condición o situación para que los efectos del acto final que debe autorizar produzcan no sólo los resultados esperados por las partes, sino que aquellos que demanda el sistema jurídico en su completitud.

Es muy común escuchar a quienes ejercen una potestad pública (que no necesariamente son ‘autoridades’ en el genuino sentido de la palabra), atacar a un sector o a otro en aras de impulsar modificaciones legales sistémicas que en nada ayudan a las personas que serán destinatarios finales de las mismas.

Esta formalidad requiere de horas de trabajo extra que normalmente interrumpen el sueño de los colegas que destinan esas horas para completar los cánones formales, pero no sólo respecto de su propio trabajo, sino porque dichos aspectos son requeridos por los centros de publicación, tanto nacionales como internacionales.