Permitirle al Estado disminuir las garantías constitucionales y procesales de lo que él clasifique de terroristas, es una estrategia peligrosa por parte de la sociedad.

Pareciera que en la doctrina no existe mayor discusión respecto a los fines que debe perseguir la prisión preventiva, y en general, cualquier medida cautelar.

Esta “nueva” concepción, etiquetada como garantista, no es otra que la única legitima en un Estado Constitucional Democrático de Derecho, pues desde la constitucionalización del derecho, se ha asistido a una especie de irradiación sobre el ordenamiento jurídico desde los principios constitucionales.

No hay duda que en épocas de elecciones la tensa relación entre seguridad y libertad crece. Los actores políticos, aprovechando el fértil terreno electoral relacionado con la inseguridad social, hacen gala de una “mano más dura”. Independientemente de las ideologías, acuden a solucionar las diversas problemáticas sociales por medios punitivos, promoviendo así, más que el […]