Un rasgo que se advierte en la actual iniciativa es el silencio que se guarda a la hora de circunscribir lo que debe entenderse por “rentabilidades excesivas”. Dejando al margen todos los reparos que pueden cernirse sobre la norma utilizada por la Unidad Popular –modelo obligado de la propuesta convencional–, se reconoce en aquella no sólo un procedimiento de reclamación sino que también un concepto de lo que, en la época, debía entenderse por “rentabilidades excesivas”. Ausentes ambos de la proposición aprobada en general.

En general la autonomía constitucional aleja, en razón de su relevancia, a ciertos órganos del quehacer político. Se espera así que con ella, orgánica y funcionalmente, determinadas entidades trasciendan en el tiempo y cuenten con la suficiente robustez para garantizar la necesaria estabilidad institucional, propia por lo demás de todo Estado de Derecho.

La ritualidad pasa así a erigirse en una suerte de garantía que –se aduce– vendría a canalizar las voces de los pueblos en torno al estatuto constitucionalizable en la nueva arquitectura jurídica, por cuanto sin ella existiría un inminente riesgo: disminuir su legitimidad.

Más allá de las explicaciones que la prensa ha difundido, lo cierto es que desconocemos el test de ponderación que se implementó al interior del Gobierno para “desencializar” a una actividad que desde los orígenes del mundo –la antropología tiene mucho qué decir en esto– ha hecho a la humanidad lo que es.