Se concluye que sería una inconsecuencia no aprobar el Protocolo referido, ya que nada de lo expuesto menoscabaría, en forma alguna, la independencia o soberanía del Estado chileno.

Desgraciadamente, el Gobierno ha agregado a nuestro país a la lista de quienes se restan del esfuerzo que está haciendo Naciones Unidas ante la realidad migratoria, sumándose a aquellos que han sostenido la posición más rígida y combativa en la materia.

De conformidad a lo expuesto, esperamos que, en un futuro no lejano, la pena de muerte sea abolida definitivamente, incluido nuestro país.

Confiamos que el Grupo de Lima consiga el objetivo de sumar los votos necesarios, a partir de la reafirmación de que la protección de los derechos humanos y las acciones humanitarias no constituyen una intromisión en los asuntos internos de los Estados, sino, por el contrario, son una facultad y más que eso, una obligación de la comunidad internacional organizada.