Pareciera ser que nos encontramos frente a una mezcla, no solo de sistemas jurisdiccionales y de resoluciones alternas de conflictos, sino de conceptos e instituciones que pretenden abarcar un ámbito no desarrollado en nuestro sistema procesal y al cual tampoco la doctrina ni la jurisprudencia ha dado un marco de referencia, menos aún el sistema normativo.

El objeto de este comentario, es referirme a las modificaciones introducidas por la citada ley al procedimiento de policía local, destacando el esfuerzo del legislador por actualizar la normativa, conforme a las modernas técnicas procesales y el uso de Tecnologías de las Información y Comunicación (en adelante Tics), pero desconociendo las realidades y asimetrías de la justicia local, sin perjuicio de ello, destaco lo positivo de las modificaciones permanentes y transitorias que se introducen, con miras a modernizar el procedimiento y hacer más eficiente el acceso a la justicia local.

Se propugna, a lo menos, en las Cortes de territorios jurisdiccionales más amplios (que cuenten con dos o más salas) la especialización; lo que ciertamente se encuentra presente, tal como se apuntó, en los jueces de instancia y en nuestro propio Tribunal más alto de la República; no apareciendo argumentos sostenibles para que las Cortes de Apelaciones no transiten en ese mismo derrotero, lo que ciertamente redundará en sentencias de más alta calidad, dictadas en tiempos menos extensos.

Este concepto propone un cambio en las formas de gobierno, coherentes con gobiernos horizontales y participación de actores sociales en los procesos de decisiones de políticas públicas. Sin embargo, se debe tener presente que, esta nueva forma de gobierno, se relaciona con aspectos más gerenciales, por lo que, la ciudadanía se transforma en un elemento clave al momento de tomar decisiones, orientados a innovar constantemente en los enfoques que debe dársele a las políticas públicas.