Por Carlos Uauy*
El Presidente Sebastián Piñera ha anunciado la intención de realizar una reforma constitucional para reducir de 155 diputados y 43 senadores, a 120 y 40 respectivamente. Lo mencionado, viene a cumplir con uno de sus compromisos comprendidos en su programa de gobierno.
El Primer Mandatario ha indicado que “Nuestra democracia también necesita un mejor funcionamiento del Congreso Nacional. Desde hace años se ha producido un creciente deterioro de la percepción ciudadana respecto del funcionamiento de nuestro Parlamento”.
De lo anterior, se podría inferir el propósito del mensaje presidencial, el cual sería, entregar una posible respuesta a la negativa apreciación ciudadana respecto de ambas Cámaras. Sin embargo, existen diversas opiniones al respecto. Por un lado, están quienes apoyan dicha iniciativa y, por otro, se encuentran quienes miran con recelo el anuncio presidencial.
Lo cierto es que, si miramos la historia, es posible tener un panorama de qué es lo que ocurría anteriormente.
Así, resulta que con una menor población, existía casi el mismo número de diputados y senadores que en la actualidad. De hecho, antes de 1973, existían 150 diputados y 50 senadores.
Lo mencionado, pareciera ser un argumento de peso para aquellos que no están a favor de esta reducción. Esto, toda vez que si se disminuye la cantidad de parlamentarios, se podría ver afectada la representatividad del sistema. Es decir, se podría dar la situación de que, por un lado, algunos actores del sistema político queden fuera y, por otro, que menos población tenga representación en el lugar donde se discuten y aprueban leyes, lo cual es, a lo menos, digno de revisión y estudio.
En esa línea, es preciso expresar que la iniciativa viene a modificar –solamente el aspecto en análisis- la Ley 20.840, que comenzó a regir en noviembre de 2017 y que tiene un espíritu de un sistema proporcional e inclusivo, ya que intenta disminuir escollos para candidaturas independientes y que Partidos presenten al menos, un 40% de candidatas. No obstante, a pesar de que la intención es solamente modificar el número de parlamentarios, algunos señalan que no se estaría dejando espacio para que la legislación recién mencionada funcione a plenitud, puesto que ni siquiera se ha terminado el primer periodo en el que dicho cuerpo legal ha estado vigente, por lo que no se alcanzaría a dimensionar el real efecto de esta.
Por otro lado, están quienes abogan por la aprobación del proyecto. Para ellos, la austeridad fiscal es un argumento potente para implementar el proyecto de ley. Esto, sumado a las polémicas que han surgido respecto a, por ejemplo, el mal uso de viáticos y contratación de personas relacionadas como asesores, puede ser que le entregue una gran popularidad ciudadana a la iniciativa legal.
Lo recién mencionado, puede incluso ser complementado con el interminable debate respecto a la dieta parlamentaria. De hecho, pareciera ser que la desproporcionalidad de los sueldos de los legisladores es una realidad. Es más, si se toma como referencia el sueldo mínimo, las remuneraciones parlamentarias son más o menos 34 veces más altos, lo cual viene a mostrar una de las diferencias más grande entre los países de la OCDE.
Sin embargo, el problema de fondo consiste en resolver cuál es la fórmula correcta para mejorar el contexto en general. Por ejemplo, si uno de los objetivos del proyecto es la austeridad fiscal, existen distintas maneras de lograrlo. Una de ellas, podría ser disminuir la cantidad de legisladores; someter al Congreso a una supervisión independiente y externa de mayor calidad respecto de sus gastos, para que, efectivamente, los recursos con los que cuenta se ocupen de una manera eficiente y no existan gastos en asesorías parlamentarias que están cuestionadas o en viajes o viáticos que están doblemente pagados, o derechamente; disminuir la dieta sin reducir el número de congresistas, entre otras medidas. En el fondo, es probable que lo más relevante sea lograr medir el impacto de cada una de las propuestas, en virtud de un objetivo común.
Por último, y en virtud de los argumentos que más se han utilizado, es de suma relevancia que el proyecto sea discutido con seriedad y tomando todas las eventuales consecuencias del mismo. Es decir, por lo menos, debiera existir el consenso en los siguientes factores: mejorar la calidad de la legislación, alcanzar altos estándares de probidad, agilizar los tiempos legislativos y, quizás el más importante, recuperar la conexión con la ciudadanía, con el objetivo de que las instituciones sigan fortaleciéndose, para que cada día nuestra democracia sea más fuerte y estable.
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* Investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor.
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