En fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió amparo deducido en favor de ciudadana venezolana y en contra de la decisión de la Intendencia Regional de Arica la que decretó orden de expulsión en la que se le atribuye el ingreso al país por paso no habilitado.
La sentencia de la Corte suprema señaló que, de los antecedentes que obran en la causa se desprende que la amparada ingresó de forma irregular al territorio nacional, lo que motivó la orden de expulsión por parte de la autoridad regional al ser advertido su ingreso clandestino.
Agrega el máximo Tribunal que el hecho de que la Intendencia Regional haya formulado el requerimiento de persecución penal del delito de ingreso clandestino al país conforme al Decreto Ley 1094 sobre extranjeros, para posteriormente desistirse de él con la consecuente extinción de la responsabilidad penal de la amparada y luego ordenar su expulsión del territorio nacional, requiere una carga argumentativa superior a la formal en dicha actuación administrativa por lo que tal conducta es ilegal por ausencia de fundamentos, así como desproporcionada.
La decisión fue acordada con el voto en contra del ministro Valderrama y del abogado integrante Abuauad, quienes estuvieron por revocar el fallo de alzada y en su lugar rechazar la acción de amparo intentada, al considerar que la autoridad actuó dentro de la órbita de su competencia y que no es óbice para su actuación su desistimiento de la persecución en materia penal.

Vea textos íntegros de la sentencia de la Corte Suprema Rol Ingreso N° 36.145-2019 y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol Ingreso N° 940-2019.

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