El lunes 10 de mayo un medio de comunicación digital publicó un artículo que expuso información georreferenciada de las personas que resultaron positivo al examen de COVID-19. Se trata de una serie de mapas de distintas comunas de la Región Metropolitana, y de otras regiones, con información del Ministerio de Salud (MINSAL) y actualizada al sábado 8 de mayo, los señalan la ubicación de quienes tienen o tuvieron la enfermedad.
Los datos georreferenciados, se consideran datos personales cuando permiten la determinación de una persona o de otros datos vinculados a ella, como su condición de salud. Por ende, acorde a lo declarado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) los datos que expone el medio se pueden considerar datos personales y por referirse al estado de salud de una persona, entran en la categoría de datos sensibles.
La filtración de esta información, en opinión del organismo, afecta el derecho a la vida privada de las personas y el derecho a la protección de sus datos personales. El medio no justifica cómo resultaría ser de interés público la exposición de los datos de salud de los contagiados con COVID-19 con ese nivel de georreferenciación, por lo que rechaza categóricamente esta publicación por afectar los derechos de las personas y poner en riesgo su integridad. En un contexto de pandemia el riesgo es aún más alto y puede llegar a situaciones de violencia u otras afectaciones de derechos, tanto por parte de otros ciudadanos como por agentes del Estado.
El INDH ejemplifica con el caso de la familia de Vallenar que recibió amenazas y piedrazos en su casa, cuando se hizo público el diagnóstico positivo de COVID-19 de uno de sus integrantes y las restricciones que han intentado imponer comités vecinales o las administraciones de edificios, frente a los casos confirmados.
Cabe destacar también, que el Consejo del INDH considera que el acceso que se ha tenido a la información georreferenciada de los contagiados con COVID-19, representa una grave falta a los deberes de debida confidencialidad sobre esos datos por parte de los agentes estatales de salud, que han recolectado y tratado dichos datos.
Vea texto íntegro del comunicado del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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