Los defensores penales públicos de todo el país en una acción masiva, coordinada y simultánea que se viene realizado desde marzo siguen adelante con su acción institucional para que privados de libertad puedan pasar a arresto domiciliario total.
A la fecha, informa la Defensoría, llevan un total de 1.186 audiencias en las que, basándose en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, han pedido la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria por arresto domiciliario, a fin de resguardar su integridad física, salud y vida en el contexto de la emergencia sanitaria que afecta al país por Covid-19.
Del total de solicitudes presentadas por los defensores, el comunicado de la Defensoría señala que han sido acogidas en un 53% de los casos de adolescentes y en un 31% en causas de adultos.
De acuerdo a lo informado por la institución, en el caso de los menores de edad imputados y privados de libertad se han desarrollado 151 audiencias solicitando el cambio de medida cautelar, de las cuáles en 80 de ellas los jueces han acogido la petición de la defensa.
Esta tendencia se ha dado especialmente en la Región Metropolitana donde en las 49 audiencias realizadas para revisar las cautelares, en 25 de ellas se ha acogido la solicitud de la defensa, dejando a los menores en arresto domiciliario total.
Algo similar ha ocurrido en La Araucanía, donde se han realizado 12 audiencias de revisión, y en 10 de ellas los tribunales han resuelto el cambio de medida cautelar.
En el caso de los adultos imputados que están privados de libertad y que integran algunos de los grupos vulnerables a contagiarse de coronavirus, se han realizado 675 audiencias y en 212 de ellas la petición de la defensa se acogió, por lo que en un 31% de los casos fue posible el cambio de cautelar.
Adicionalmente, las comisiones de Libertad Condicional están en pleno desarrollo, sesionando en todo el país y las cifras preliminares arrojan que a la fecha se han revisado 1.041 solicitudes, de las cuáles se han acogido 634, lo que equivale al 61%.
La iniciativa de la Defensoría Penal Pública se enmarca en un conjunto de acciones del Estado que se orientan a proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria.
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