Facilitar el acceso al servicio de telecomunicaciones, tanto de voz como en mensajería de datos e internet, a cada uno de los habitantes de nuestro territorio nacional es el objetivo principal del proyecto que analiza, en segundo trámite constitucional, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
La moción, originada en el Senado, pone énfasis en que este acceso sea de manera automática, principalmente para aquellas personas que habiten en localidades rurales, apartadas y en zonas extremas. Este servicio se efectuaría automáticamente al usuario, cualquiera sea la empresa de telefonía móvil con la cual se contrate y no generando un importe adicional para el cliente.
Tras el debate en la Comisión, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, presentó una serie de indicaciones a la propuesta con el objetivo de “resolver en la propia ley la mayor cantidad de materias, sin dejar en el reglamento todos los contenidos de detalles”, acogiendo así la demanda de las y los diputados.

Indicaciones del Ejecutivo

Los cambios propuestos por el Gobierno en la instancia parten definiendo las zonas donde tendría aplicación el roaming automático nacional y donde sería la aplicación preferente. Esto abarca localidades, rutas y zonas aisladas o de baja densidad poblacional en que los servicios hayan sido beneficiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, o zonas de servicio obligatorio con presencia de un único operador.
La idea es que las personas tengan más alternativas de elección o para mitigar interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia.
La ministra de Transportes agregó que, para el resto de las zonas del país que no forman parte de lo anteriormente señalado y para promover la competencia, se deberán realizar ofertas de facilidades para empresas entrantes al mercado.
Por ejemplo, para el caso de operadores móviles virtuales, que son empresas de menor tamaño que requieren empresas ya instaladas para iniciar sus operaciones. La propuesta es que este beneficio se mantendrá por un plazo de hasta cinco años.
La propuesta del Ejecutivo también establece fortalecer las herramientas con las que cuenta el juez árbitro para dirimir controversias, que contempla un informe emitido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para la aprobación de las ofertas de facilidades.
Además, se precisa la época en que debe entrar en operaciones la ley. Esto sería 90 días después de la publicación del reglamento, el que debe ser dictado 120 días después de la publicación de la ley.
La ministra planteó también la preocupación de la industria, compartida por el Gobierno, de que se proteja la inversión en redes, pero al mismo tiempo, se fomente la competencia y se abra mercado para nuevos operadores que puedan entrar a la industria atendiendo esta modificación legal.
Frente a este planteamiento del Ejecutivo, quienes integran la Comisión acordaron dejar para la próxima sesión este proyecto como único tema, dejando dos horas de discusión para luego votar hasta total despacho.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis boletín 12.558

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